Diplomáticos de todo el mundo corrían “contra el reloj” para poder terminar el viernes las negociaciones que establecerían una histórica Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados. La Convención busca garantizar los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las 650 millones de personas que se estima tienen algún tipo de discapacidad en el mundo.
“Estamos cerca, pero existen todavía divergencias importantes” en varios temas que hay que resolver, dijo el embajador alterno de México ante Naciones Unidas (ONU), Juan Manuel Gómez Robledo.
Delegados de varias naciones señalaron que la definición de “discapacitado”, cuestiones alusivas a salud reproductiva y el problema de los derechos de los discapacitados en territorios ocupados y o en conflicto, detenían el acuerdo decisivo.
El tema de la creación de un mecanismo de verificación de la Convención, identificado como el principal obstáculo al principio de esta octava sesión de diálogo, quedó superado en el grupo de trabajo que lideró Gómez Robledo.
Los delegados acordaron crear mecanismos paralelos, el de verificación convencional, que es vinculante, y un protocolo facultativo que no lo es y que dio a países con reticencias a la primera instancia, la posibilidad de sumarse al compromiso.
“Es difícil predecir lo que va a pasar, Sudán y los países árabes están firmes en sus reservas sobre el aspecto de los discapacitados en un territorio ocupado y pueden bloquear todo”, señaló una fuente diplomática europea.
La medianoche del viernes al sábado es el límite para alcanzar un acuerdo.
“No tenemos un plan B”, si esto no sale en este periodo, no hay planes para ir adelante con otra sesión, advirtió hace unos días el embajador de Nueva Zelandia y presidente del comité negociador, Don Mackay.
La delegación mexicana a la reunión la encabezan el embajador Gómez Robledo y el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Gilberto Rincón Gallardo.
La Convención es una propuesta original de Italia, que quedó congelada durante años hasta que fue retomada por Vicente Fox en 2001 al presentar su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU como presidente de México.
Si se termina la negociación exitosamente, el documento pasará a un proceso de redacción jurídica y se espera que sea adoptado por la Asamblea General de la ONU antes de noviembre próximo.
La Convención entraría en vigor cuando las instancias legislativas de un número de países aún por determinar, la ratifique.
Dichas naciones quedarían vinculadas jurídicamente por el documento, por lo que deberán adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva norma.
Entre éstas se contempla la adopción de leyes nacionales que prohíban de manera específica la discriminación basada en discapacidad, así como garantizar a sus ciudadanos igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida diaria.
Fuente: Notimex
