Hoy voy a tocar un tema que sé que puede resultar polémico. En realidad no tendría que ser así, no existe ningún motivo objetivo que justifique la polémica. Sólo la politización del asunto, es decir, la utilización irresponsable de un tema, por otro lado, tan delicado y personal como éste, para buscar réditos electorales puede explicar tamaña vesania. Y se ha hecho en el pasado, aunque ya me gustaría a mí que no se vuelva a repetir en el futuro.
Y es que el asunto es muy sencillo. Cuando nos sometemos, como pacientes, a una intervención o somos víctimas de alguna enfermedad o patología: ¿No se nos aplican analgésicos, calmantes u otro tipo de fármacos y químicos para, en la medida de lo posible, mitigar un dolor que de otra manera podría resultarnos insoportable? ¿Y acaso no aceptamos su prescripción, no ya como un mal menor, sino como una necesidad?
En definitiva, ¿no debería ser esto, evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios, un derecho indiscutible?
Personalmente pienso que esta pregunta sólo se puede contestar afirmativamente. Se trata efectivamente de un derecho que deberíamos tener como ciudadanos. Pero como todo, y para que este derecho se pueda ejercer de forma adecuada y responsable -y mucho más en este caso- resulta necesario hacer algunas matizaciones o si se quiere conocer otros derechos por decir así, colaterales a éste.
El primero sería el derecho a una información adecuada sobre el estado de salud del paciente y de los servicios sanitarios. Se trata de conocer cuál es la situación tanto del enfermo como de las condiciones técnicas y humanas que le rodean, antes de decidir sobre la aplicación o no del derecho que hemos venido mencionando, sobre todo en casos graves porque, no lo olvidemos, la ley garantiza el ejercicio del derecho siempre que queramos ejercerlo pero no impide lo contrario, es decir que aún teniéndolo –los derechos son para todos además de imprescriptibles e inalienables- no queramos hacer uso de él. Por consiguiente, ya lo hemos mencionado, antes de tomar una decisión, información.
El segundo derecho que debería acompañar a los otros dos sería el consentimiento informado en las decisiones que conciernen a nuestra salud o a la de los pacientes en general. Creo que aunque no directamente algo he mencionado. Se trata de conocer los riesgos que puede conllevar, sobre todo en pacientes en situaciones graves, el ejercicio de este derecho a evitar el dolor y el sufrimiento innecesario. Una vez resuelto estos importantes asuntos, el paciente o sus familiares allegados deben tener el derecho a decidir libremente.
¿También en situaciones en las que el ejercicio de este derecho puede acelerar el fallecimiento de un enfermo ya desahuciado por el equipo médico? Mi opinión es que si el propio enfermo o los familiares así lo deciden no se les debe impedir, es decir deben tener el derecho a lo que se entiende como una muerte digna, porque digno es querer evitar el dolor de nuestros seres queridos aún en su último momento, y más digno todavía poder decidir cómo y de que manera queremos realizar el último acto de nuestra vida.
Como he mencionado, se trata de otorgar derechos y no de obligar a nadie. Se trata de informar y se trata en definitiva de ejercer de ciudadanos hasta el último momento. Sobre esto –como otorgarnos más derechos- es sobre lo que deberían discutir los políticos.
Fuente: María Rodríguez Sánchez